Juicio por YPF: Burford pidió el 51% de las acciones que tiene el Estado argentino
El juicio por YPF entre Argentina y el fondo Burford Capital suma un nuevo capítulo a partir del pedido de Burford de transferir a su favor el 51% de las acciones de la petrolífera que corresponden al Estado Nacional.La solicitud fue enviada a la jueza de Nueva York Loreta Preska y se sostiene en el incumplimiento del fallo que obligaba al país a abonar 16.100 millones de dólares como resarcimiento por la expropiación y recuperación de YPF en 2012. Burford también obtuvo los derechos de Petersen Energía, empresa perteneciente a la familia Eskenazi y a la cual asociaría en un 30% del cobro si la justicia falla a su favor. A su vez, piden que queden a su nombre todas las acciones que tiene el Estado argentino en YPF.Meses atrás, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes argentinas, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas nacionales.Luego, por haber emitido una opinión técnica sobre el caso en 2021, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se excusó de intervenir en el juicio.La demanda llegó a partir del fallo en contra del país que emitió la jueza Preska por encontrar al Estado culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ya lleva más de 9 años en trámite y está en proceso de apelación.En septiembre de 2023, la Argentina fue condenada por la jueza federal a pagar USD16.099 millones. El Estado nacional se niega a abonar dicho monto y los intereses ascendieron a unos 414 millones de dólares.Los abogados demandantes pusieron en una lista de presuntos activos embargables: las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China. Además, pidieron conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior.Para el Estado argentino, Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen.Burford solicitó días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde. Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias, quienes tienen el 49% del total."En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", explicó Maril. La ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’", indicó el experto.Además, Maril consideró que esto ocurre porque la Argentina "no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo". También advirtió que "es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones" debido a que "ya dijo que podían ser utilizadas como garantía". Maril enfatizó en que si eso pasa y el Estado no cumple "entraría en desacato con la corte norteamericana", como ya pasó con el juez Thomas Griesa."Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido", sentenció.
